miércoles, 29 de abril de 2009

Manifiesto por el día internacional contra el ruido

http://www.elfaroceutamelilla.es/content/view/33574/143/

 

Escrito por Septem Nostra

miércoles, 29 de abril de 2009

La asociación Septem Nostra ha mantenido y mantiene una actitud beligerante ante el grave problema de la contaminación acústica que padece Ceuta. La magnitud de la situación es de tal calibre que ostentamos el primer puesto en todas las estadísticas que el Instituto Nacional de Estadística publica sobre la incidencia del ruido en las principales ciudades españolas. Tan desafortunada posición, por otro lado habitual en las estadísticas que analizan la calidad de vida en nuestro país, debería traducirse en una acción enérgica de las administraciones para atajar la contaminación acústica. Las consecuencias de este mal endémico de las ciudades densamente pobladas, como es nuestro caso, son de sobra conocida, tal y como se encarga de de recordarnos con cierta frecuencia la Asociación contra el Ruido de Ceuta (ASCORCE). El propio surgimiento de esta entidad, en una ciudad tan poco dada a la movilización social, es buena prueba del elevado número de afectados por el ruido.

Como decíamos con anterioridad, el problema del ruido ha alcanzado tales dimensiones que no se explica la falta de una respuesta firme de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y concretamente, de la Consejería de Medio Ambiente como organismo competente en esta materia. Han pasado casi tres años desde que se aprobará una moción parlamentaria en el Asamblea de la Ciudad que instaba al gobierno autonómico a acometer la redacción de un mapa de ruido y a la obligada adaptación de la ordenanza municipal del ruido al contenido de la ley estatal del ruido (2003). La falta de diligencia en la redacción de este vital documento para conocer las zonas acústicamente saturadas ha llevado a incumplir los plazos que la Unión Europea  establece para aprobar los mapas del ruido y los consiguientes planes de acción. Ceuta, al no estar considerada aglomeración urbana, no esta obligada a redactar los mencionados mapas del ruido. Sin embargo, tanto la Ciudad Autónoma como la Delegación del Gobierno han pasado por alto que los viales de los que respectivamente son competentes tiene la consideración de grandes viales, lo que les obligaba a tener aprobados los planes de acción contra el ruido antes del pasado verano.
Después de mucho batallar y de los continuos toques de atención de la asociación ASCORCE, parece que la Ciudad ha empezado a moverse desde la Consejería de Sanidad y Consumo. La encuesta que encargaron los responsables de este departamento autonómico vino a confirmar, como era previsible, los datos del INE sobre los altos índices de contaminación acústica a los que se ven sometidos un buen número de ciudadanos. Con estos resultados en la mano no les ha quedado otro remedio que anunciar el encargo de la redacción del mapa del ruido, así como la creación de un grupo de trabajo sobre esta temática que, entre otros objetivos, persigue la necesaria adaptación de la normativa municipal a la ley del ruido. También se han decidido a hacer campañas de difusión y concienciación como la celebración de este Día Internacional contra el ruido.
Las iniciativas emprendidas por la Consejería de Sanidad son dignas de reconocimiento público. Como dice el conocido dicho popular, “más vale tarde que nunca”. Claro que no son insignificantes en comparación con la magnitud del problema. Poco debe consolar a los afectados por el ruido que se corte de manera simbólica la Gran Vía al mediodía, cuando no pueden dormir por la noche debido a la intensidad de tráfico que caracteriza a Ceuta o a la actividad de establecimientos de ocios o terrazas que no respetan los horarios estipulados ni las medidas para reducir  los niveles de ruido (limitadores, dobles puertas cerradas, etc..). La solución real al problema pasa por la estricta vigilancia de la normativa vigente por parte de la Policía Local, así como por un exhaustivo examen de las solicitudes de licencias de actividades que puedan ocasionar un incremento de las emisiones ruidosas. Otras situaciones como la que se vive en las viviendas próximas a la central eléctrica de ENDESA requieren la adopción de medidas específicas, como también las reclaman quienes padecen los efectos de los botellones, la circulación de vehículos o las obras.
Todos los ciudadanos, queramos o no, tenemos un contrato suscrito con el Estado (ya sea ayuntamientos, autonomías o gobierno central), el conocido “Contrato Social” del que nos habla Rousseau. La principal estipulación de este “contrato” establece que los ciudadanos renuncian a parte de su libertad personal a favor de una institución, el Estado, que velará por el interés general. Este pacto se regula a través de una serie de normas o leyes que restringen el libre albedrío personal, cuyo cumplimiento debe ser vigilado por una serie de personas elegidas democráticamente por el pueblo, quienes además tienen la potestad de sancionar a aquellos que incumplen estas leyes. La esencia de la democracia descansa en la confianza de que el Estado velará en todo momento por el bienestar de los ciudadanos, cumpliendo y haciendo cumplir las normas que hemos ido acordando para favorecer la convivencia y la calidad de vida.  Desgraciadamente, algunos ciudadanos, entre los que se encuentran los afectados por el ruido, han perdido esta confianza en sus mandatarios (el poder ejecutivo), teniendo que acudir directamente al poder judicial. Esta situación mina los cimientos de la democracia y el Estado de derecho, a la vez que enfrentan a unos ciudadanos con otros. Lo peor de todo es que muchos ciudadanos tenemos cada día más claro que las administraciones subordinan por naturaleza y por principio la necesidad  pública  al provecho privado, en unos casos mirando por otro lado, y en otros convirtiéndose en cómplices necesarios de los intereses de ciertos sectores económicos.
Resulta evidente que no se encuentran muchos motivos para recibir el Día Internacional contra el Ruido con júbilo y alegría. Por el contrario, debe ser una jornada reivindicativa del derecho fundamental a vivir en una ciudad libre de contaminación acústica, en las que sus ciudadanos puedan descansar en sus casas sin que nadie viole su intimidad mediante la irrupción del ruido.

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