lunes, 28 de febrero de 2011

Los municipios quieren restringir el tráfico y reubicar edificios oficiales

Reducir temporalmente la velocidad máxima en autopistas y autovías solo es la primera de una batería normativa destinada a cambiar los hábitos cotidianos de los ciudadanos para reducir el consumo de petróleo y, de paso, la contaminación (acústica, lumínica y ambiental). El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, insistió ayer en que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, se reunirá en los próximos días con responsables autonómicos y municipales para "coordinar un conjunto de medidas", que afectarán a todas las Administraciones.

El también ministro del Interior, que presentaba en Cádiz el primer buque oceánico de la Guardia Civil, aseguró que España "tiene reservas suficientes y no hay problemas de suministro", pero "depende en exceso del petróleo". Rubalcaba no ha precisado en qué consistirán esas medidas, sobre las que sí ha arrojado alguna luz Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y uno de los próximos interlocutores de Sebastián.

En declaraciones a la cadena Ser, Castro ha avanzado los tres ejes de su propuesta al Gobierno: edificios públicos, tráfico urbano y descentralización de la Administración. Sobre el primer apartado, se mostró partidario de instalar sensores para que solo se iluminen las salas en las que hay alguien trabajando. Para "oxigenar la atmósfera" apostó por "racionalizar" el uso de vehículos privados en el centro de las ciudades, y deslizó posibilidades como vincular la circulación en determinados días al número par o impar de matrícula. Por último, propuso llevarse parte de los edificios oficiales fuera de las capitales de provincia, y puso el ejemplo de Madrid, donde las sedes ministeriales de Industria, Cultura o Medio Ambiente podrían trasladarse, por ejemplo, a Getafe, Villalba o Alcalá de Henarés.

En opinión de Castro, también alcalde de Getafe, es una cuestión "no solo de ahorro energético, sino de salud". "A las grandes ciudades no se puede entrar en coche al centro todos los días, es una locura. (...) Son medidas impopulares, pero a veces hay que llevarlas a cabo y no hacer siempre lo que los vecinos quieren, para eso se nos elige", añadió.

Fuente: El País

Enlace: http://www.elpais.com/articulo/espana/municipios/quieren/restringir/trafico/reubicar/edificios/oficiales/elpepiesp/20110227elpepinac_8/Tes

lunes, 14 de febrero de 2011

El TSJ anula que carguen las costas al ciudadano en las quejas por ruido


El Ayuntamiento de Valencia tendrá que revisar la ordenanza del ruido dos años después de su entrada en vigor. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha anulado tres artículos de la normativa en virtud a un recurso que presentó el grupo municipal socialista junto con varias asociaciones de vecinos, entre ellos, Amics del Carme. Los artículos de la ordenanza que el consistorio deberá enmendar son el 29.2, el 55.3 y el 60.
El Tribunal Superior establece que ante un foco de ruido que cause una molestia "grave y manifiesta", como puede ser un local de ocio nocturno, se puedan tomar "las medidas urgentes oportunas" sin que sea necesaria una reiteración de quejas sobre este foco para que la administración actúe con medidas como el cierre del establecimiento.

La sentencia anula el artículo que permite cargar al ciudadano que denuncia con las costas de la comprobación o inspección del suceso denunciado en caso de queja infundada. El TSJ entiende que"la tasa se hace depender de circunstancias subjetivas, como es el abuso de derecho o la falta absoluta de veracidad de los hechos". "El nacimiento del hecho imponible no radica en la prestación del servicio, sino en la torticera instrumentalización del procedimiento administrativo por parte del denunciante", apunta la sentencia.

El TSJ estima por último que debe ser el ayuntamiento el que se encargue de verificar que los diversos elementos de una construcción cumplen con la normativa de aislamiento. El artículo de la ordenanza que alude a esta cuestión deberá sustituir la expresión "podrá verificar" que deja la decisión de intervenir a criterio del ayuntamiento por "verificará", más taxativa.

La sentencia del TSJ que obliga a revisar la ordenanza de contaminación acústica de Valencia la di a conocer ayer la concejala socialista Carmina del Río. "Los intereses de las partes no quedaban bien defendidos", apuntó ayer la concejala. El equipo de gobierno, según la oposición, "pretendía eludir la responsabilidad de inspección previa a la concesión de licencia de primera ocupación, poder repercutir a los denunciantes el coste de las inspecciones necesarias para comprobar el cumplimiento de la ordenanza, e imponer medidas para reestablecer los niveles sonométricos sólo en los casos en los que el ruido se produzca de manera reiterada".

El ayuntamiento puede presentar recurso contra la sentencia del TSJ.

Fuente: LEVANTE-EMV VALENCIA
Enlace: http://www.levante-emv.com/valencia/2011/02/12/tsj-anula-carguen-costas-ciudadano-quejas-ruido/781954.html

lunes, 7 de febrero de 2011

La justicia dicta condenas por los daños del ruido

Los tribunales empiezan a dejar de tenerle miedo a la contaminación acústica, al dictar las primeras sentencias condenatorias que llevan consigo penas de cárcel contra empresarios e incluso alcaldes que han permitido que se superen los decibelios, siendo responsables de un delito contra la salud pública. Esto ha sido posible gracias a que las víctimas del ruido empiezan a denunciar lo que han estado padeciendo durante años, arremetiendo contra empresarios y contra las instancias públicas que han permitido que se cometan múltiples irregularidades.
La asociación contra el ruido en Ceuta -ASCORCE- se aferra a estos resultados porque, saben, sentarán jurisprudencia y suponen un halo de esperanza para las decenas de afectados por la contaminación acústica que se han atrevido a acudir hasta la entidad para narrar sus vivencias. Y de ahí a los tribunales hay un paso. En los juzgados de Ceuta comienzan a aparecer las primeras denuncias por este tipo de delitos, algo con lo que antes los jueces no se habían topado porque no existía quien considerara que soportar más decibelios de lo que permite la salud pudiera dar lugar a una condena.

Sentencias en firme

El Tribunal Supremo y las jurisdicciones de Barcelona han dictado sentencias ejemplarizantes. Una de ellas, en Villareal, ha terminado con la inhabilitación de su alcalde por omisiones ala ley. En Ceuta uno de los casos más graves todavía no ha visto la luz, y representa la lucha de una familia contra la acumulación de ruidos después de que se otorgaran licencias, una detrás de otra, sin tenerse en cuenta los efectos aditivos del ruido. El Contencioso-Administrativo ya se pronunció hace meses instando a la Ciudad Autónoma a retirar una licencia de pub dada a un establecimiento en una céntrica plaza ya de por sí saturada de ruido. La vía penal es la más escandalosa en este campo puesto que puede conllevar, y de hecho ya ha conllevado, penas de cárcel.
ASCORCE está esperanzada en este tipo de posicionamientos judiciales puesto que abre la vía para que los ciudadanos luchen por sus derechos. Pero para ello, de entrada, hace falta una mayor implicación de la administración. Lo primero, con la utilización de un sonómetro adecuado, el tipo A-1, que es el único válido para sancionar y que todavía no es utilizado por Gobernación. Después actuando con sanciones y multas elevadas contra quienes permiten que se superen los decibelios, teniendo en cuenta los efectos aditivos del ruido, que acostumbran a ser obviados a la hora de dictar las licencias de apertura. ASCORCE reclama también una mayor coordinación entre las distintas consejerías. Y lo ejemplifica con hechos reales: ¿Cómo puede entenderse que se sigan otorgando licencias desde la Consejería de Fomento sin estudiar esa acumulación de ruido, existiendo incluso informes técnicos dictados por Medio Ambiente que lo desaconsejan y de Gobernación destacando la elevada presión que se registra? Pues esto sucede y es lo que lleva a la asociación contra el ruido a pedir una mayor coordinación.
El dictamen hecho por otros tribunales condena casos en los que las mediciones tomadas están muy por debajo de las que se alcanzan en Ceuta. Siendo así ya han dado luchar a condenas de empresarios.
Es el caso ocurrido en Barcelona, en donde la Policía realizó varias mediciones en un pub alcanzando, una de ellas, los 37 decibelios. El propietario de esta infraestructura terminó condenado. Pues bien, en Ceuta, se han practicado mediciones que han superado los 39 decibelios, llegando, en momentos puntuales, a los 60. La justicia ceutí no ha dictaminado fallo alguno a este respecto pero trabaja ya sobre varias denuncias al respecto. Esos fallos los esperan las víctimas del ruido. Personas que han tenido que abandonar sus trabajos al padecer desequilibrios psicológicos provocados por la falta de sueño acumulado; otras que han sufrido perdidas de peso por el estrés añadido; e incluso mujeres que estaban amamantando a sus bebés y tuvieron que dejarlo ya que debido al ruido no segregaban la leche suficiente. Y así un montón de casos acumulados que van dando lugar a denuncias que terminan en el juzgado.
ASCORCE reclama una mayor regulación en materia de ruido porque, considera, es inexistente. De entrada un reglamento de Contaminación Acústica. En Andalucía comprende desde la falta leve (3 decibelios) hasta el dictamen negativo que supone el cierre del local. Se añade también que los "locales con licencia de música no pueden servir comidas, ni bebidas fuera", es decir, no pueden tener terraza y "los locales que permitan sacar las bebidas fuera son considerados cooperadores necesarios".
Medio Ambiente anuncia una nueva ordenanza del ruido y la adopción de medidas para mejorar la situación ante el vacío existente.

Historias de luchas sin apoyos

La asociación contra el ruido está de enhorabuena, al conocer que los tribunales van, poco a poco, dando la razón a unas víctimas, las del ruido, que han permanecido años abandonadas. Sin atención de la administración, sin apoyo de los partidos pero con mucha moral. Tanta que les ha permitido trasladar varias de sus historias a los tribunales y conseguir que las mismas den lugar a casos que hoy están bajo estudio judicial. Fuera de Ceuta los altos tribunales, como el Supremo, se van posicionando con sentencias firmes, que ya no admiten recursos, y que condenan no sólo a empresarios sino también a políticos. Los primeros por mantener locales sin tener en cuenta el excesivo ruido que provocaban, invadiendo los derechos y libertades de los vecinos al ser vulnerados y pisoteados. Los segundos al no hacer su trabajo, por incompetencia o por demasiada relación con el poder económico que es el que sustenta las infraestructuras comerciales. Pero la justicia no entiende de clases y las sentencias están ahí. Cada vez son más y ASCORCE se encarga de recopilarlas y mostrarlas en su web para que el ciudadano que sufre la llamada contaminación acústica sepa que existe una justicia y que al final termina fallando. Las historias de las víctimas del ruido son historias de luchas sin apoyo y de batallas que parecían perdidas pero que finalmente no lo han sido porque han obtenido el respaldo de los tribunales. Ojo que en Ceuta también tendrán su tiempo de hablar.

Fuente: Contra la Contaminación Acústica

Enlace: http://www.mundosinruido.es/2010/10/03/la-justicia-dicta-condenas-por-los-danos-del-ruido/