El último informe anual del Defensor del Pueblo reprocha a "muchas" administraciones su falta de compromiso con la defensa del medio ambiente, y cree "sumamente" equivocado que los espacios sin un régimen de protección cualificado carezcan de ella.
De las casi 35.000 quejas que el Defensor del Pueblo atendió en 2010, un total de 823 correspondieron a cuestiones relativas a medio ambiente (513 individuales y 298 colectivas), según el informe entregado hoy por la responsable de la Institución, María Luisa Cava de Llano, al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono.
El "insuficiente" interés por la defensa ambiental ocurre, por ejemplo, con la importancia concedida a las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos de infraestructuras o de urbanización y con el grado de cumplimiento del deber a la información ambiental.
Al respecto, lamenta que las administraciones "soslayen" los procedimientos reglamentarios y ordinarios para aprobar los planes de desarrollo en zonas de especial protección ambiental, y acudan al recurso de aprobar una ley por el parlamento autonómico.
En varios casos recientes, recuerda, los gobiernos autonómicos tramitaron los procesos de desarrollo que "parecían tener problemas de encaje en la normativa ambiental aprobando una ley singular, con o sin el acuerdo de la oposición".
En alguno de estos casos se hizo, además, una vez rechazado el proyecto por los tribunales, "lo que puede dar a entender" que gobierno y legislador intentan eludir sus decisiones.
Tras el estudio jurídico-constitucional correspondiente, el Defensor decidió no hacer uso de su legitimación ante el Tribunal Constitucional.
Por otro lado, el Defensor cree "sumamente" equivocado que sólo sea protegible el espacio natural que dispone de un régimen de protección cualificado y, por tanto, se excluya a las zonas que carecen del mismo.
A su juicio, "todos los recursos naturales" del país disponen de protección, aunque "sólo sea la dispensada por la Constitución en su artículo 45 (el derecho a disfrutar del medio ambiente y el deber a conservarlo)".
En cuanto a la contaminación atmosférica, el Defensor señala que las infracciones de la normativa en esta materia son infrecuentes, porque la superación de niveles de concentración de determinados contaminantes es "rara".
No obstante, matiza, en el momento de redacción de este informe anual, ha tenido conocimiento de que Madrid y Barcelona incumplieron en 2010 los niveles máximos permitidos de dióxido de nitrógeno.
Otro de los asuntos con más quejas ha sido el de la contaminación acústica, que siguen siendo "muy numerosas" y ante la cual las administraciones demuestran "escasa efectividad".
El informe anual aborda, asimismo, el problema en torno a la regeneración de las playas.
Se muestra de acuerdo en que la construcción de embalses en los ríos ha sido una de las causas de la regresión de la costa por la disminución de aportes sólidos, pero no apoya la tesis de que sea la Administración del Estado la "causante" de ello.
Fuente: EFE
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