Piden cuatro años de cárcel para un hostelero por provocar ruidos

Pasividad municipal (según fiscal)

«Considero que en esta causa sí que hubo pasividad por parte del Ayuntamiento y esa responsabilidad no es del acusado sino del alcalde y de los funcionarios»

Que un conflicto entre vecinos provocado por el ruido de la música desemboque en los juzgados no suele ser noticia, porque sucede a menudo. Pero que provoque un juicio penal, fuerce la intervención de tres magistrados de la Audiencia Provincial y suscite una petición de cuatro años de cárcel para una de las partes, no sólo es inusual, sino que roza lo extraordinario.

Eso es lo que ocurrió ayer en Santander. Fernando Llamosa Conde, responsable del establecimiento 'La Casona del Valle', de Villapresente (Reocín), compareció en la Audiencia acusado de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. El ilícito penal se refiere a la supuesta celebración de bodas, banquetes y fiestas en el jardín del establecimiento, cuyo ruido habría provocado problemas de salud -ansiedad, deficiencias respiratorias- en Jesús Villaescusa Ruiz, quien reside en la casa colindante.

El acusado asegura que «fuera no pongo música nunca»; que supondría «ir contra el negocio»; que en cinco años «sólo dos veces se ha puesto una carpa en el jardín» y que «ningún otro vecino se ha quejado». El denunciante, en cambio, manifiesta que «no se puede salir al jardín ni abrir las ventanas»; que «cuando ya lo he metido al juzgado, es cuando el Ayuntamiento me ha empezado a contestar»; que «yo pago los impuestos para que vayan los municipales (guardias) a verlo, pero los municipales no van» y que «yo lo que oigo es el ruido».

La situación se habría prolongado por espacio de cinco años y, por ella, la parte acusadora solicita cuatro años de cárcel, una multa equivalente a veinte euros diarios por espacio de 24 meses y una indemnización personal de 1.300 euros por las lesiones provocadas.

Testigos

En la vista, celebrada en la mañana de ayer bajo la presidencia del magistrado José Luis López del Moral, comparecieron varios testigos. Según Victorina Ruiz, la madre de Jesús Villaescusa, los vecinos «están maltratándonos con la música».

Germán Fernández, alcalde de Reocín; María Estela Cobo, secretaria del Ayuntamiento entre febrero y octubre de 2006 y Beatriz Blanco, secretaria entre marzo de 2004 y febrero de 2006, hablaron sobre los expedientes tramitados y sobre la imposibilidad de ejercer la licencia de actividad en el local, pero no pudieron certificar ni la existencia ni la inexistencia del alboroto. Ningún informe municipal había entrado en el fondo de la cuestión, ya que no existen mediciones sobre el nivel de decibelios que genera el negocio.

Luego intervino una vecina, para decir que no había ruidos, pero su testimonio parecía condicionado por su enemistad con el demandante. Elena Altuzarra, médico-forense, declaró en su turno que «el ruido, a partir de un cierto nivel, puede producir alteraciones en el estado de salud». Lo había certificado previamente en un informe.

Como síntesis, el abogado Ceballos (de la acusación) concluyó en que «han quedado plenamente acreditados los ruidos» mientras que Vélez Ruiz de Lobera pidió la absolución del demandado porque «se ha llegado a un procedimiento sin la parte fundamental: no existen los hechos».

Pasividad municipal

También el fiscal pidió la absolución del acusado, aunque cargó contra el Ayuntamiento. «Considero que en esta causa sí que hubo pasividad por parte del Ayuntamiento y esa responsabilidad no es del acusado sino del alcalde y de los funcionarios», explicó. Al fin y al cabo, un conflicto de ruidos no es en su origen un asunto penal, sino administrativo. Sólo que, si las administraciones no resuelven, los asuntos terminan por llegar a los juzgados y, muy a menudo, llegan envenenados.

Fuente: http://www.eldiariomontanes.es/v/20110127/cantabria/piden-cuatro-anos-carcel-20110127.html

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