- El consejero concedió en 2007 y 2008 nuevas licencias de apertura de terrazas pese a los informes de la Policía Local que constataban las molestias que causaban a los vecinos y en 2009 dio un plazo extra a un local de la plaza Ricardo Muñoz para insonorizarse tras ocho años de pleitos, denuncias y sentencias por ese mismo motivo
- Uno de los empresarios involucrados asegura que "me quitan las multas"
- La acusación pide también la imputación de Bel por los supuestos delitos de falsedad en documento público, prevaricación y contaminación acústica, así como por los posibles de lesiones, coacción y denegación de auxilio
El consejero de Fomento del Gobierno ceutí y secretario general del PP de la ciudad autónoma, Juan Manuel Doncel, ha declarado durante la mañana de este jueves ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Ceuta como imputado por los presuntos delitos de prevaricación por acción y omisión y contaminación acústica, los mismos que el titular de la Sala le atribuye también al ex titular de ese mismo departamento, José Antonio Rodríguez Ferrón. Ambos se enfrentarían por ellos, de ser condenados, a varios años de inhabilitación e incluso prisión y a sanciones económicas según las sentencias dictadas por el Supremo en casos "similares".
En la causa también figuran como imputados una técnico de esa misma Consejería y dos empresarios hosteleros de un local situado en la plaza Alcalde Ricardo Muñoz (junto al Teniente Ruiz), zona en la que los vecinos han denunciado en más de 150 ocasiones durante la última década y la Policía Local ha constatado los ruidos que sufren y los efectos adversos para su salud que padecen por ellos.
Según han informado a Ceutaldia.com fuentes cercanas al caso el proceso contra Doncel tiene múltiples vertientes, entre otras la de haber concedido en 2009 a través de un Decreto un plazo extra a un local situado en esa misma plaza para insonorizarse tras ocho años de pleitos en los juzgados por esa misma razón.
Pero no sólo eso. El titular de Fomento decidió en 2007 y 2008 conceder otras dos licencias para colocar terrazas en el área haciendo "caso omiso" a las mediciones acústicas en el área realizadas por la Policía Local que demostraban que se superaban "escandalosamente" los límites establecidos por las ordenanzas. Tras ellas y por escrito los agentes advirtieron de que "sería conveniente la suspensión de las licencias de las autorizaciones para ocupar la vía pública con mesas y sillas ya que el resultado arrojado en las mediciones sonoras realizadas sobrepasan bastante en decibelios y el mayor problema es que la gente se concentra en el exterior de los locales con consumiciones de los establecimientos y al encontrarse en una zona residencial, rodeada de viviendas afectadas por la contaminación acústica, donde continuamente se reciben denuncias a través de la central de la policía por motivo de ruido constantemente, el cual les perturba el descanso nocturno tan importante en la vida diaria" .
Las sentencias dictadas por lo Contencioso-Administrativo de Ceuta para que dichos espacios al aire libre sean retirados "tampoco se han ejecutado", según esas mismas fuentes, y al local cuyos propietarios están imputados tampoco se le impidió funcionar como pub durante dos años aunque su licencia sólo era de cervecería.
También contra Bel
La acusación ha solicitado también la imputación de la consejera de Medio Ambiente, Yolanda Bel, según ha adelantado la agencia EFE, por los presuntos delitos de falsedad en documento público, prevaricación por acción y omisión y contaminación acústica, así como por los probables de lesiones, coacción y denegación de auxilio.
El primero de ellos se le atribuye después de que afirmase por escrito que sólo existía una denuncia por niveles excesivos de ruido en la zona cuando un solo vecino ha presentado un centenar y las del resto alcanzan las sesenta. El juez todavía no se ha pronunciado sobre su posible imputación, al contrario de lo que ha sucedido ya con Doncel y Ferrón.
"Me quitan las multas"
La acusación también ha solicitado que se cite como testigo al ex superintendente de la Policía Local, Ángel Gómez, para que explique por qué no fueron cerrados dichos establecimientos pese a que existía orden de cierre o suspensión y cómo la Policía Local no los clausuraba cuando detectaba que había música y no tenían licencia para dicha música.
Igualmente la parte denunciante está interesada en aclarar si es verdad que, tal y como consta en el sumario que declaró un empresario involucrado en el contexto del caso pero no imputado, al menos todavía, la Policía Local le quitaba todas las multas que le pusieran. Según las fuentes consultadas la Ciudad Autónoma no ha cobrado "ni un solo euro" por exceder los niveles de ruido a los establecimientos de ocio ubicados en la zona.
Fuente: Ceuta al día
No hay comentarios:
Publicar un comentario