- La justicia ratifica la pena de cinco años y medio de prisión para la dueña de un pub
- • Los vecinos de la finca de Ciutat Vella donde estaba el bar sufrieron trastornos
J. G. ALBALAT
BARCELONA
El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia de la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona que condenó a cinco años y medio de prisión a María del Carmen Ahijado, propietaria del pub Donegal de la calle Nou de las Rambla, por contaminación acústica. Por primera vez, el alto tribunal ratifica una sentencia en la que no solo se apreciaba un delito contra el medio ambiente (ruidos), sino también tres de lesiones, por los daños en la salud que padecieron tres vecinos del inmueble donde estaba situado el bar. La pena impuesta a la acusada supone su ingreso en un centro penitenciario.
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha rechazado de esta manera el recurso presentado por el abogado defensor de María del Carmen Ahijado, que argumentó la indefensión porque, a su entender, la actividad probatoria no se obtuvo correctamente, el quebrantamiento de forma porque no se le habían admitido algunas pruebas (como un informe psiquiátrico sobre la imputada), la mala utilización de la ordenanza municipal de Barcelona y también un error de apreciación en la valoración de ciertos documentos. Los magistrados han rechazado uno a uno estas hipótesis, confirmando el delito de lesiones porque tres personas sufrieron trastorno del sueño y otros síntomas producto de las molestias provocadas por el ruido del bar.
DE MADRUGADA / La Audiencia de Barcelona, en su sentencia de enero del 2009 y ahora ratificada, estima probado que Ahijado, propietaria del pub entre abril del 2005 y mayo del 2006, instaló en el local un equipo con cinco altavoces que generaban un ruido de hasta 70 decibelios desde las nueve de la mañana a las tres de la madrugada. Esta contaminación acústica, incidía la resolución judicial, perturbaba gravemente la «vida familiar y la salud física y psíquica» de los vecinos de la vivienda situada sobre el bar musical.
En un primer momento, los perjudicados denunciaron estas molestas y la posible infracción de la normativa al distrito de Ciutat Vella, que abrió un expediente administrativo. Los inspectores constataron la elevada emisión de ruido y se procedió a comunicar a la dueña del pub que realizara modificaciones y adaptara las instalaciones a lo dispuesto en materia de ruido. Sin embargo, los afectados volvieron a quejarse porque el problema no se había resuelto y no solo se dirigieron a la Administración, sino también a la fiscalía de medio ambiente, que abrió una investigación.
La gerencia del distrito de Ciutat Vella, al final, dictó la clausura del local, que fue precintado el 10 de febrero del 2006. Sin embargo, la acusada rompió el precinto del bar y los inspectores constataron que el pub volvía a funcionar. La orden de cierre se tuvo que repetir varias veces, ya que la imputada hacía caso omiso a los requerimientos y rompió por dos veces los precintos del local.
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