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Escrito por Ana Salamanca
domingo, 19 de abril de 2009
El ruido del vecino, el botellón, bares y discotecas, el tráfico y hasta las campanas de la iglesia generan miles de denuncias cada año. Una cuarta parte de los españoles sufre el estruendo de la calle o del que vive al lado, pero sus quejas no son oídas hasta que no llegan a los tribunales, según los afectados.
Las grandes ciudades dan idea del problema. Sólo en Madrid, la Policía Municipal atendió 50.000 avisos por exceso de ruidos en 2008. Aunque no siempre las quejas terminan en denuncia.
Somos una sociedad ruidosa, pero cada día hay mayor percepción de que es “un problema grave que incide en la vida de las personas y que hay que erradicar”, señala el catedrático de Sociología Benjamín García Sanz, director de una investigación sobre ‘La contaminación acústica en nuestras ciudades’. Sin embargo, “las políticas no van en consonancia con la conciencia ciudadana”.
La Administración -añade- tiene “cierta conciencia de regular el problema”. En 2003 se aprobó la Ley del Ruido, que controla las emisiones en las infraestructuras y transporte, y hay diferentes normativas municipales sobre el nivel acústico vecinal y de ocio, “pero es tolerante en el incumplimiento de las mismas”.
Esa ineficacia deja “indefensos” a los afectados, a juicio de Ignacio Sáenz de Cosculluela, presidente de la Plataforma de Asociaciones contra el Ruido (PEACRAM), para quien la profusión de ordenanzas locales sobre decibelios y actuaciones tampoco ayuda.
Por esa “desidia de la Administración, que no resuelve, la gente está tan desesperada que acude a la vía penal”, asegura a Efe Joaquín Herrera, vicepresidente de Juristas contra el Ruido.
Así lo vive la familia de José Antonio Guerrero, de Málaga, que desde hace cuatro años soporta los ensayos musicales de un vecino. Primero con la batería y, en los dos últimos años, entre 6 y 7 horas diarias de piano. “Vivimos un poco desquiciados. Además del ruido elevado, los cristales vibran cuanto toca con las ventanas abiertas”, explica a Efe. Su hijo, de ocho años, no puede usar su habitación desde que tenía cuatro, pese a que las viviendas, unifamiliares, están separadas unos cuatro metros.
Guerrero, y otros dos vecinos de casas contiguas, lo denunciaron ante la Policía Local y la Concejalía de Medio Ambiente. Transcurrido más de un año sin respuesta, acudieron al Defensor del Pueblo Andaluz, que lo admitió a trámite.
“Entonces fue cuando vino el Ayuntamiento a medir -relata-. Y está obligado a tocar con las ventanas cerradas y no más allá de las diez de la noche”. Pero sigue oyéndose, y se plantean acudir a la Justicia.
“La gente se está defendiendo, porque el ruido no es sólo una molestia. Las personas que acuden a Juristas contra el Ruido -señala su vicepresidente- sufren depresión, angustia, insomnio, problemas digestivos o cardíacos por la falta de descanso de una forma continuada”.
AVISO A NAVEGANTES
La Audiencia de Barcelona acaba de condenar a cinco años y medio de prisión a la dueña de un pub, en la primera sentencia que reconoce no sólo un delito de contaminación ambiental, sino también lesiones en la salud de los vecinos del inmueble. El letrado de los demandantes, Lluís Gallardo, experto en contaminación acústica, espera que sirva como “aviso a navegantes” y aumente la percepción de que el ruido puede llegar a ser delictivo.
“Uno puede pasar una noche sin dormir, pero cuando es sostenido en el tiempo, ves que el ayuntamiento no hace nada, y el que lo provoca dice que te aguantes, llega un momento en que te desesperas y caes en una neurosis depresiva que tarda en curar”, señala el abogado, miembro de la Associació Catalana contra la Contaminación Acústica.
Vivimos en ciudades “extremadamente ruidosas, pero no es humano que se autorice una actividad de ocio en los bajos de un edificio de viviendas”.
El recurso a la vía legal es largo y la gente se lo piensa. Según Gallardo, en la asociación catalana reciben una media de tres denuncias diarias, unas mil anuales, de las que se tramita el 10%. El 50% son quejas vecinales por el taconeo a altas horas, el aire acondicionado, los animales domésticos, electrodomésticos o fiestas. Otro 25% es contra locales comerciales, bares o discotecas, un 15% sobre actividades industriales y el 10% por obras en la vía pública e infraestructuras viarias, trenes o aeropuertos.
Los problemas entre vecinos, para el sociólogo Benjamín García, tienen una parte de insolidaridad, de falta de educación, pero también hay un deficiente aislamiento en las construcciones.
Medir cuando más molesta
Una cuarta parte de los hogares españoles sufre los ruidos producidos por vecinos o de la calle, según la última Encuesta de Calidad de Vida del INE. Por encima de la media están las comunidades de Madrid (con un 26,3%), Cataluña (27%), Región de Murcia (29%), Andalucía (29,3%), Comunidad Valenciana (34,8%) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (44,1%).
Las reiteradas denuncias de una vecina de Ceuta, que ha perdido más de 20 kilos por el estrés producido por el ruido de los bares y terrazas que hay donde vive, motivó hace unos meses que el Defensor del Pueblo requiriera a la Ciudad Autónoma mediciones en las horas de mayor molestia y "sin previo aviso a los titulares de los establecimientos".
La institución que dirige Enrique Múgica viene a recibir una denuncia cada día -unas 300 al año, indicaron a Efe-. Unas son colectivas, como el caso de los ciudadanos que viven cerca de aeropuertos, y gran parte de las quejas individuales se deben al exceso de decibelios en bares, discotecas o en zonas al aire libre.
El hecho motivó en 2005 un monográfico sobre contaminación acústica en el que se reconocía la ineficacia de las administraciones públicas para controlar y corregir los niveles acústicos y recomendaba no agotar los plazos en la elaboración de los mapas de ruido que contempla la ley.
La Ley del Ruido establece que ciudades de más de 250.000 habitantes, así como ejes viarios, ferroviarios y aeropuertos, debían elaborar mapas de ruido antes de que terminara 2007. Y posteriormente, planes de acción para reducir los niveles acústicos, que tenían que presentarse a la Comisión Europea en enero de 2009.
El Ministerio de Medio Ambiente no ha podido enviar todavía los mapas de siete de las 19 aglomeraciones urbanas que están obligadas. Aseguran que están prácticamente hechos, pero no entregados. Y faltan todos los planes de acción, excepto los de carreteras. "Los mapas de ruido son un instrumento válido para las infraestructuras, el transporte, pero no es la realidad social", insiste Joaquín Herrera. No obstante, tampoco se cumplen.
